Casco en ciudad: ¿obligatorio o voluntario?

deia.com

El proyecto de la DGT para imponer el casco a los ciclistas en ciudad no cuenta con el apoyo de los usuarios ni de la mayoría de ayuntamientos. EL debate está en los bidegorris de todo Euskadi. La reforma del Reglamento General de Circulación proyectada por la Dirección General de Tráfico (DGT) que obliga a los ciclistas a usar casco en ciudad ha enfadado a las asociaciones de usuarios de bici, al Congreso y a más de treinta ayuntamientos del Estado.
La postura de la DGT parece tan impopular como inquebrantable. La determinación de María Seguí, máxima responsable del organismo y doctorada en prevención de accidentes en Harvard, está fundamentada en numerosos estudios científicos que respaldan los beneficios para la salud pública que la propuesta puede traer. Por ejemplo, el uso del casco evita dos de cada tres lesiones graves en la cabeza y el cerebro, según un estudio de la Universidad de Newcastle y la Academia Americana de Pediatría; reduce en un 63% la incidencia de traumatismos craneales en niños, según el Banco Mundial, la Organización Mundial de la salud y asociaciones de pediatras; y previene el 75 % de los accidentes mortales en niños, según el Hospital Infantil de Filadelfia. Además, la reforma incluye otros cambios como la reducción a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en ciertas vías urbanas, con lo que la DGT pretende “impulsar la presencia de bicis en la ciudad”.

congreso dividido Del otro lado, la oposición considera que la obligatoriedad “desincentivará el uso de la bici en la ciudad”, tal y como aseguró el exciclista profesional Pedro Delgado el pasado mayo ante el Grupo Socialista del Congreso, en el que todos los partidos, con excepción del PP, se unieron contra el cambio de la Reglamentación rompiendo así el habitual consenso en cuestiones viales. Si la DGT sigue adelante con el proyecto, el Estado español se convertirá en una singularidad dentro de la legislación de Europa, en el que ningún país contempla la obligatoriedad con la excepción de Austria y la República Checa, que imponen el casco sólo para los niños. El caso de Australia y Nueva Zelanda es el más recurrido por las asociaciones de ciclistas ya que el uso de la bicicleta en esos países descendió casi un 40% tras el cambio de ley a principios de la década de los noventa, según apunta un estudio publicado el año pasado por los profesores australianos Gillham y Rissel.

También las autoridades regionales y municipales han expresado su disconformidad con la reforma. Ya el pasado marzo, el Gobierno vasco exigió a la DGT que cediera las competencias sobre el casco a los ayuntamientos, algunos de los cuales, en torno a una treintena de diversos signos políticos, han mostrado su desacuerdo con la obligatoriedad optando por intensificar la recomendación. Entre ellos están los de Gasteiz, Donostia y Bilbao, consistorio que opta por el uso “voluntario”, según declaró en abril.

usuarios en contra Asimismo, las asociaciones en defensa de la bici han apoyado a los grupos del Congreso contrarios a la DGT mediante la Coordinadora en Defensa de la Bici (ConBici), que lleva meses en campaña contra la imposición,  llegando a ser mencionada el pasado 28 de mayo por los miembros de la Comisión de Seguridad Vial. Javier Umaran, portavoz de Biziz Bizi, una de las 61 asociaciones del Estado que forman ConBici, explica que llevar casco “no evita el accidente, sino que solo minimiza la gravedad”. Además, asegura que es necesario transmitir la idea de que “andar en bicicleta no es peligroso” ya que “cuantas más bicis haya en la ciudad, mejor trato y mayor seguridad habrá para los ciclistas”. El portavoz de la asociación vizcaina no cree que la reforma vaya a salir adelante porque “muchos ayuntamientos, incluyendo algunos del PP, están en contra de esta medida inadecuada”, apostilla Umaran mientras recuerda las experiencias negativas de Australia y Nueva Zelanda, y la postura de países europeos “con mayor tradición en uso de bici como Alemania y Holanda”. De momento, la reforma se debatirá en el Parlamento durante el próximo curso político en el que la Comisión escuchará la opinión de expertos de diferentes posturas. La Coordinadora espera participar en esas jornadas, que tendrán lugar entre septiembre y noviembre.

Las cifras respaldan en parte la posición de las asociaciones al constatar que la mayoría de los ciclistas que fallecen en el Estado lo hacen en vías interurbanas. Así, en 2011, de las 49 víctimas mortales registradas, tan solo doce fueron en ciudad. Sin embargo, también es destacable el predominio de accidentes en casco urbano, el 70% de los mismos, y el 67% de los heridos.