La DGT se gasta 1,25 millones de euros en el mantenimiento de radares de velocidad mientras la siniestralidad crece en las carreteras españolas

extraconfidencial.com
En el espacio temporal que va desde las 15 horas del viernes 12 de julio hasta las 22 horas del domingo 14 de julio, perdían la vida en las carreteras españolas -según los datos de la Dirección General de Tráfico- 5 personas, o lo que es lo mismo, un ser humano perecía por causa de un accidente vial cada 11 horas. Además durante el fin de semana se produjeron tres heridos de carácter leve. Estos son los datos que arroja el balance de una de las operaciones retorno y salida del verano de 2013. Cifras que el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico que dirige María Segui deberá voltear si quiere que los españoles emprendamos el rumbo de nuestras vacaciones con mayor seguridad y menos miedo. Pero, ¿realizan el órgano ministerial y la DGT las medidas oportunas para disminuir el número de accidentes mortales y garantizar la seguridad en las pistas nacionales?

Hace escasas jornadas, la Plataforma de Contratación del Estado anunciaba el anuncio de adjudicación que la Dirección General de Tráfico habilitaba para la contratación del “servicio de mantenimiento integral para los cinemómetros autovelox 105 adscritos a los servicios periféricos y a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil”. Serán en total más de 1,25 millones de euros (1.260.665 euros) que recaerán en la empresa madrileña ‘Saima seguridad S.A.’ encargada de la instalación y mantenimiento de aparatos dispositivos y sistemas de seguridad, así como de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas, informáticas y de telecomunicaciones.

Un cinemómetro viene siendo, de toda la vida, lo que conocemos como radar: “un dispositivo diseñado para medir en tiempo real la velocidad de un móvil”. La DGT los valora como un éxito en la “reducción de la siniestralidad en carretera registrada durante los últimos años” pero nada dice acerca del afán recaudatorio que esconden estos dispositivos para alimentar las desmejoradas arcas del erario público español.
Un fin ambiguo

Hace escasas semanas, el secretario de organización del PSOE de Mijas, José Antonio González, aseguraba respecto a uno de estos dispositivos que la DGT habría fracasado en la supuesta intención disuasoria del radar y confirmado el interés económico al registrarse 7.000 multas en 2 semanas, en un tramo no considerado dentro de los más conflictivos de la localidad malacitana. “Si estuviese señalizado los conductores aumentarían la precaución durante la conducción, y bajarían de velocidad, pero si resulta que tenemos un radar instalado que tiene el mayor nivel de incidencia de todos los conocidos, multando a un 20% de los conductores, está claro que algo falla, y no es otra cosa que la señalización, tal y como advertimos ayer”.

Uno de los ejemplos es el ya famoso helicóptero Pegasus con radar incorporado, que al poco tiempo de ponerse en funcionamiento ya multiplicaba por cinco las multas de cualquier radar fijo, lógico si tenemos en cuenta su coste, 2.500 euros la hora de vuelo y sin tener en cuenta el salario de la tripulación. Y es que cada vez son más las noticias que emergen en la prensa local y nacional sobre mecanismos que no cumplen su objetivo principal, esto es, mejorar la seguridad del tramo de ruta en el que están instalados, mientras favorecen a otro fin distinto: incrementar los ingresos a través de multas impuestas a conductores que rebasan mínimamente los límites de velocidad sin ocasionar peligro alguno. Mientras, en las carreteras españolas siguen muriendo viajeros cada semana, quizás porque el foco de la DGT se desvía de lo verdaderamente importante: rehabilitación de tramos de calzada, señalización, incorporaciones y salidas. A este respecto, nada se anuncia.