Las administraciones centran la lucha medioambiental contra el bolsillo los conductores

Desde la FUNDACIÓN GESTRAFIC nos hemos percatado que, durante este presente año, son muchas las administraciones españolas que han puesto el foco en la lucha contra la contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Para combatir la polución se han centrado en promover medidas que afectan a la utilización de los vehículos en las urbes. De sobra es conocida la política llevada a cabo en este sentido por el Ayuntamiento de Madrid, donde se han realizado cortes de tráfico por matrícula conllevando en ocasiones multas y sanciones. El gobierno catalán ha querido dar un paso más, de nuevo concentrando la responsabilidad en los conductores.

• Cataluña: impuesto para penalizar el automóvil a partir del 2018

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, ha recordado que, a partir del año que viene, los catalanes pagarán un nuevo impuesto para turismos y furgonetas para penalizar las emisiones de CO_2. El denominado impuesto del cambio climático nace de la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat y se espera recaudar 75 millones de euros los dos primeros años, llegando hasta 110 millones de euros en el 2020.

El conseller Rull  ha querido hacer hincapié en que esta medida aplacará las críticas de los que creen que no hay soluciones alternativas a las futuras restricciones a los vehículos más contaminantes, como es la renovación del parque de coches. Aunque la idea de la administración autonómica catalana es la de crear un fondo económico climático, que servirá para financiar las ayudas a la renovación de la flota de automóviles, lo cierto es que aún no se ha establecido un reglamento que deberá fijar los criterios. Esto significa que no se precisa detalladamente cómo se va a invertir el dinero que se recaude.

Además de indicar específicamente a qué se destina la partida, la Generalitat deberá debatir sobre las subvenciones de los coches diésel. Este tipo de vehículos han sido cuestionados debido al fraude de los motores trucados, ya que sus emisiones por óxidos de nitrógeno (NOx) son muy superiores a las reguladas por la normativa europea. A pesar de que las emisiones de NOx son un problema “preocupante, real, actual y crónico” en la calidad del aire en el área de Barcelona, como expuso el conseller, los coches diésel podrían merecer ayudas “si los fabricantes demuestran que han introducido mejoras” según Rull.

Esta nueva tasa se aplicará según las emisiones de CO₂ que aparecen en la tarjeta técnica de cada vehículo, será un impuesto específico y se implantará de forma gradual a partir del 2018.

La media de pago por coche puede estar entre 15 y 30 euros, pero si el vehículo se encuentra entre los 120 y 130 g CO₂/km, puede pagar menos de 5,5 euros en el 2020.

Además de este impuesto, todas las administraciones catalanas se han comprometido a reducir las emisiones un 30% en un plazo de 15 años. Para ello, se restringirá la circulación en las vías interurbanas de Barcelona a todos los vehículos de más de 20 años y a las furgonetas de más de 23 años. También se pondrá en marcha la venta de la tarjeta T-2 de transporte público, más barata que la habitual. Además, se reforzaría el transporte público, y se daría flexibilidad a la entrada laboral de los funcionarios.

El conseller Rull ha prometido que 81 de los 389 nuevos vehículos que adquirirá la Generalitat este año serán híbridos o eléctricos, lo que no implica ni el 21 % de la nueva flota. Rull también se ha comprometido a que pronto se eliminarán los descuentos que aún tienen los coches diésel en los peajes de las autopistas de la Generalitat, eliminación que fue anunciada hace meses y aún no se ha llevado a cabo. Ambos hechos ejemplifican la doble moral con la que actúan a veces las administraciones.

Tras esto, nos preguntamos hasta qué punto estas medidas van encaminadas a resolver el problema de la contaminación en las grandes ciudades o es una cuestión de tapar los agujeros de las arcas públicas.

Fuente: La Vanguardia